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entre la norma jurídica y la norma ética invocada por la conciencia.


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1 Foro, Nueva época, núm. 13/2011: ISSN: RECENSIONES REVIEWS-REZENSIONEN Rafael Nava r r o -Va l l s y Javier Ma rt í n e z-to r r ó n, Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia, Madrid, Iustel, Portal Derecho, 2011, 513 pp. En los últimos años la literatura jurídica sobre objeciones de conciencia ha experimentado un extraordinario incremento que guarda relación directa con la multiplicación de los supuestos de conflicto entre la norma jurídica y la norma ética invocada por la conciencia. Esas situaciones de negativa al cumplimiento de determinados preceptos legales, que aspiran a lograr su reconocimiento jurídico a fin de que la persona quede tutelada frente a la incontinencia normativa del poder, constituyen un conjunto cada vez más amplio y heterogéneo, tanto desde el punto de vista de los comportamientos como de sus justificaciones. Un fenómeno cuya complejidad se refleja en la disparidad de criterios doctrinales y en las vacilaciones jurídicas y jurisprudenciales ante dicha problemática. Desde hace más de dos décadas los profesores Navarro-Valls y Martínez-Torrón han venido dedicando no pocos de sus trabajos a arrojar luz sobre estas controvertidas cuestiones. Además de hacerlo individualmente en ponencias, artículos, capítulos de libro y otros escritos científicos, en 1995 ambos publicaron en coautoría el volumen titulado Le obiezioni di coscienza. Profili di Diritto comparato, que recibió en Italia el prestigioso premio «Arturo Carlo Jemolo». Dos años más tarde editaron en lengua española Las objeciones de conciencia en el Derecho español y comparado, una versión ampliada de la anterior en la que colaboraron los profesores Palomino y Turchi. Una larga y acreditada trayectoria que avala la solvencia de los autores. Aunque de temática análoga, el libro que comentamos no es una mera continuación de los precedentes, sino más bien su corolario. Se trata de una obra más amplia y más profunda en la que Navarro- Valls y Martínez-Torrón se enfrentan al reto de revisar algunos de sus planteamientos anteriores al socaire de los notables cambios que se han producido en el panorama legislativo y jurisprudencial del Derecho comparado e internacional. La

2 248 diversa actitud que hoy día mantiene la doctrina jurídica, y la propia sociedad, ante determinadas cuestiones éticas o ante los desafíos que provoca la integración de una cultura religiosa diferente, ha movido a los autores a adoptar un nuevo enfoque para analizar las manifestaciones más relevantes de un problema que, en sus aspectos esenciales, es común a todos los países de nuestro entorno, el conflicto entre la conciencia y la ley. La diversa motivación ideológica, filosófica, religiosa... que origina dicho conflicto, y la variedad de sus supuestos y modalidades, explica que ya no se hable de objeción de conciencia en singular, sino de objeciones de conciencia. Y, como ya hicieron en trabajos anteriores, los autores subtitulan el libro en plural, en coherencia con la progresiva ampliación de un instituto que, concebido originariamente como mecanismo de defensa de la conciencia religiosa frente a la violencia del poder, ha pasado a tutelar también contenidos éticos de conciencia no vinculados necesariamente a creencias religiosas. Es ese carácter mutable, que se resiste a una catalogación precisa y estática, la razón de las incertidumbres doctrinales a la hora de delimitar conceptualmente esta figura distinguiéndola de otras colindantes. Intentos definitorios que, en opinión de los autores, «pueden acabar por vaciar de contenido la propia noción de objeción de conciencia» (p. 31), por lo que consideran, como punto de partida más adecuado, adoptar un planteamiento amplio a la hora de formular un concepto general de objeción de conciencia. A ello se dedica el capítulo 1, «Libertad de conciencia y objeción de conciencia», en el que, con la descriptiva expresión big bang de objeciones de conciencia, analizan las causas de su actual multiplicación. Varias son las razones, y así señalan el «evidente proceso de partenogénesis» (p. 25) que se detecta en la objeción de conciencia clásica, de raíz estrictamente religiosa; pero sobre todo, la conceptualización de una categoría más amplia, la objeción de conciencia moderna siguiendo la terminología acuñada por Bertolino, que abarca comportamientos cuya justificación no tiene únicamente ese fundamento religioso, sino también otro tipo de convicciones o valores subjetivos firmemente arraigados. Esta metamorfosis del concepto de conciencia, su «secularización», está produciendo un panorama conflictual elástico e imprevisible en función de los comportamientos y justificaciones basados en ella. Ante la proliferación de situaciones de conflicto, en el capítulo 2, «La tutela jurídica de las objeciones de conciencia», se trata de dar respuesta a varios interrogantes: hasta Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

3 qué punto y bajo que condiciones puede, o debe, el ordenamiento jurídico tutelar estas expresiones de libertad de conciencia?, es admisible un teórico derecho general a la objeción de conciencia? y, en caso afirmativo, cuáles serían sus límites legítimos? Partiendo de los dos planteamientos fundamentales en torno a cómo debe abordarse el tratamiento jurídico de las objeciones de conciencia, el legalismo y el equilibrio o ponderación de intereses, los autores se muestran favorables al segundo de los procedimientos porque se fundamenta en un análisis más preciso de los hechos. Tras dedicar sendos apartados, útiles e ilustrativos, a enunciar las tendencias doctrinales y jurisprudenciales en el Derecho comparado e internacional, las imprescindibles referencias al ordenamiento español son el pórtico para la exposición, sólidamente argumentada, de su posicionamiento en la cuestión. Reconociendo que el respaldo legislativo otorga «seguridad», juzgan también innegable que la objeción de conciencia es materia poco susceptible de confiarse por entero a una regulación predominantemente legislativa de esa dimensión de las libertades fundamentales del individuo. Y así, la interpositio legislatoris para admitir una objeción de conciencia, aun siendo deseable, no es condición sine qua non para la efectividad de este derecho en los casos que proceda. La responsabilidad de los jueces no puede ser sustituida por la legislación, que tiene unas claras limitaciones y no puede prever todas las circunstancias particulares del caso. En definitiva, concluyen los autores que la objeción de conciencia es, sobre todo, un problema de sensibilidad jurídica en el que el juez ha de equilibrar los intereses en conflicto, determinando cuándo debe prevalecer la opción adoptada en conciencia y cuándo han de primar otros intereses sociales afectados en esa concreta situación. Bien entendido, no obstante, que no reivindican la sustitución de un «totalitarismo normativo» por otro jurisprudencial, sino que lo que tratan de acentuar es que, en línea de principio, el dictamen prudencial está en mejores condiciones para captar en esta materia la plasticidad de las situaciones vitales que la inevitable rigidez de la norma. En cuanto a la cuestión de si es o no necesario que la ley, cuando reconozca la legitimidad de una objeción de conciencia, establezca una prestación sustitutoria, los autores, consecuentes con la conceptualización que defienden, concluyen que la prestación no es un rasgo esencial predicable de todos sus tipos y modalidades. Obviamente, tendrá sentido cuando resulta precisa para garantizar el principio de igualdad entre objetores y no objetores, como elemento disua- Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

4 sorio en evitación del fraude de ley, y, por el contrario, será extemporánea cuando el objetor no adquiere mejor posición jurídica que el no objetor. Un argumento que conecta con la lógica misma de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio no exige contrapartidas, es decir, no grava a la persona con nuevas obligaciones legales. Pese a que sistemáticamente el libro se estructura en doce capítulos sin ninguna otra división interna, lo hasta aquí comentado constituye, en puridad, la primera parte de la obra, puesto que, conservando su propia autonomía, es, a su vez, clave y fundamento del tratamiento del contenido posterior. De ahí se desprenden las principales líneas de fuerza, argumentos y razonamientos en torno a los cuales se articula el análisis individualizado de la variada tipología que adopta la objeción de conciencia, instituto que Navarro-Valls y Martínez- Torrón entienden en su concepción más amplia e inclusiva como «toda pretensión motivada por razones axiológicas no meramente psicológicas de contenido primordialmente religioso e ideológico, ya tenga por objeto la elección menos lesiva para la propia conciencia entre las alternativas previstas en la norma, eludir el comportamiento contenido en el imperativo legal o la sanción prevista por su incumplimiento, o incluso, aceptando el 250 mecanismo represivo, lograr la alteración de la ley que es contraria al personal imperativo ético» (p. 31). Un concepto potencialmente apto para incluir todo tipo de supuestos imaginables e, incluso, no imaginados con los que probablemente nos sorprenda la realidad. Bajo tales premisas, en la segunda parte de la obra se realiza el estudio particularizado, que comienza en el capítulo 3,«La objeción de conciencia al servicio militar», modalidad que suele considerarse como arquetipo de las restantes, tal vez porque históricamente su regulación legislativa, e incluso constitucional, fue pionera. Y así suelen conceptuarse doctrinalmente de atípicas aquellas otras cuyos perfiles básicos no coinciden con los típicos de ésta. Tratamiento preferencial que no rechazan los autores de hecho encabeza la exposición aunque con la advertencia de que no puede elevarse en el paradigma a través del cual pretendan evaluarse las restantes, tratando de trasladar a todas sus manifestaciones las peculiaridades y características sólo predicables de aquélla. Bajo el título de «Libertad de conciencia y obligaciones fiscales», en el capítulo 4 se estudia el rechazo de ciertas obligaciones tributarias por razones morales, modalidad que ha llevado a la doctrina a una postura dubitativa acerca de su conceptualización como verda- Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

5 dera objeción de conciencia, puesto que no se da el enfrentamiento entre la norma jurídica estatal y la conciencia, sino entre ésta y el destino que se da al tributo, es decir, su afectación legal a financiar imperativamente una actividad pública objetable en conciencia para el contribuyente. De ahí que, normalmente, los llamados objetores fiscales planteen como alternativa destinar a otros fines compatibles con su conciencia la cuota que inicialmente se niegan a pagar. En esta línea, se alude en el texto a una proposición de ley debatida en 2005 en el Parlamento español con precedentes en el Derecho comparado relativa a la objeción de conciencia a gastos militares, en la que se pretendía reconocer al ciudadano la posibilidad de optar en el IRPF entre la dedicación del porcentaje atribuido en los Presupuestos a defensa y gastos militares y su destino a organizaciones cuyo objeto es el fomento de la paz y la solidaridad u otras obras de marcado carácter social. Una solución que ya había sido preconizada por la doctrina, y, aunque en el caso español la propuesta fue rechazada por una abrumadora mayoría, no significa que, antes o después, el legislador no haya de enfrentar de nuevo ese reto. Respecto a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional denegando que la llamada objeción fiscal sea un imperativo de conciencia, sino una manifestación de las preferencias éticas o políticas, por lo que, sin su explícito reconocimiento legal, no podría ejercerse al amparo del art. 16 CE, observan los autores que, junto a actuaciones individuales o colectivas preconizadas por movimientos pacifistas sin clara significación religiosa, son principalmente algunos fieles de ciertas confesiones religiosas quienes suelen plantear con mayor virulencia esta pretensión en materia fiscal. El capítulo 5 está dedicado a la «Objeción de conciencia al aborto», una modalidad cuya tendencia expansiva comienza a dibujar un panorama conflictual de notable diversidad, como atestigua el certero análisis que se realiza en el texto tanto del Derecho comparado como del Derecho español, en concreto, de la modificación de la regulación del aborto recientemente operada, que incluye una referencia expresa a la objeción de conciencia aunque deja en pie otros problemas, como su extensión y limitaciones. Una objeción que refleja los matices que puede adoptar la conciencia, tanto en su vertiente estrictamente religiosa como ideológica o deontológica, de ahí que haya desplazado en su protagonismo al modelo hasta ahora paradigmático de la objeción de conciencia militar. Bajo el título de «Libertad de conciencia y bioética», se proyectan en el novedoso capítulo 6 algu- Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

6 252 nas de las anteriores reflexiones, dado que el campo bioético, junto con el sanitario, son sectores propicios para la proliferación de las objeciones de conciencia por el conjunto de valores y la pluralidad de perspectivas éticas que confluyen. El estudio, reforzado por un nutrido aparato crítico y exhaustivas referencias normativas, analiza las modalidades más conocidas de las que genéricamente vienen denominándose objeciones de conciencia bioéticas, desde la negativa a intervenir en actividades científicomédicas relativas a la fecundación in vitro en sus diversas formas hasta la manipulación genética, la experimentación y tratamiento de embriones con los consiguientes problemas de su estatuto jurídico, sin olvidar las prácticas eutanásicas. Se ha incluido entre estas objeciones bioéticas la que se plantea el personal farmacéutico ante la venta de productos que tienen por finalidad interferir en procesos vitales naturales. Justifican los autores esta opción porque, en la inmensa mayoría de los casos, la objeción revela un conflicto moral, y así el dispensar la píldora del día siguiente plantea un problema de conciencia a quien considera que la vida humana comienza propiamente tras la fecundación. Pero también se extiende, allí donde se ha autorizado la venta del medicamento sin receta, incluso a menores de edad, a quienes estiman contrario a su ética profesional proporcionar, sin el oportuno control médico del estado de salud, un fármaco no exento de riesgos y efectos secundarios. A este respecto no se han planteado los autores una cuestión de interés, cual es si la dispensa de esta píldora a menores es excepcional o, por el contrario, es la regla general que cualquier medicamento que no requiere receta puede venderse a menores. En este último caso la objeción se ampliaría a otros supuestos, dado que ningún medicamento resulta en todos los casos totalmente inocuo. El tratamiento de las objeciones relacionadas con la tutela de la vida humana se completa en el capítulo 7, «La objeción de conciencia a tratamientos médicos», una modalidad de objeción que ha sido a veces calificada de impropia en la medida en que es excepcional la existencia de un mandato legal que imponga como obligatorios los tratamientos médicos que se rechazan. Consecuentemente, no cabe hablar en la mayoría de los casos de un conflicto entre un mandato que proviene de la religión y otro que emana de la ley estatal. No obstante lo cual, en el ámbito jurisdiccional la variada casuística ventilada proporciona ejemplos en que el conflicto efectivamente se produce, y de ello se da noticia detallada a lo largo de la exposición. Como señalan los autores, la concurrencia de aspec- Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

7 tos jurídicos y deontológicos es una peculiaridad de esta objeción, que impide analizarla bajo una única perspectiva, la de la libertad religiosa y de conciencia. Aquí entran en juego otros derechos de la persona el derecho sobre el propio cuerpo, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el derecho-deber de los padres en relación a la vida y salud de sus hijos que, a su vez, colisionan con dos intereses públicos de primer orden: el interés del Estado en preservar la vida y salud de los ciudadanos y el de mantener la integridad ética de la profesión médica en orden a dicha finalidad. En el capítulo 8, «Conflictos entre ley y conciencia en el ámbito educativo», se estudian con amplitud dos de las vertientes que ofrecen tales conflictos: los casos en que la conciencia del menor, o de sus padres, se opone a determinados contenidos didácticos impartidos regularmente como parte del curriculum escolar, o incluso, a la escolarización misma fuera del entorno familiar; y aquellos otros consistentes en la negativa a aceptar la participación obligatoria en ciertas actividades escolares de carácter no estrictamente docente. Comenzando por estos últimos, el texto ofrece una cuidada síntesis de la jurisprudencia y legislación comparada sobre los llamados flag salute cases, es decir, los frecuentes conflictos provocados por la negativa a tomar parte en ceremonias escolares de honra a la bandera como símbolo patrio. Conflictos que se extienden al rechazo a la práctica de oraciones colectivas en la escuela e, incluso, a la participación pasiva en desfiles conmemorativos de una fiesta nacional. La gradual evolución de la jurisprudencia comparada hacia la tutela de este tipo de objeciones escolares contrasta con la actitud denegatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dos sentencias que los autores analizan detenidamente. Tras las imprescindibles referencias a un fenómeno en alza como es el rechazo a la escolarización obligatoria, home schooling o home education, se dedica un amplio apartado a la objeción de conciencia a ciertos contenidos o métodos docentes. Una visión panorámica y esclarecedora del Derecho y de la jurisprudencia comparada e internacional en esta materia deja paso a la exposición del Derecho español, que tiene como eje principal la problemática ocasionada por la introducción de la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía. La medida ha propiciado un debate público sin precedentes entre sus impulsores y defensores de su constitucionalidad y sus detractores. Un buen número de asociaciones de profesionales y padres de familia se han opuesto activamente a lo que consideran una medida adoctrinado- Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

8 254 ra sobre aspectos que superan los meros contenidos constitucionales e inciden en la educación moral de los alumnos. Los autores analizan las manifestaciones masivas de objeción de conciencia, concretadas en la interposición de más de cincuenta mil recursos formulados individualmente, con desigual respuesta judicial, y valoran críticamente la uniformidad de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, todos ellos denegatorios de la objeción, por falta de previsión legal ad hoc. En el capítulo 9, «Libertad de conciencia y utilización de símbolos religiosos», los autores prestan atención específica a las cuestiones derivadas de la simbología religiosa en occidente, y especialmente en Europa. Una decisión que justifican u apoyan en varias razones. Por una parte, el incremento de la población islámica y la presencia de otras religiones de matriz oriental trae consigo la necesidad de afrontar de modo diverso las expresiones externas del sentimiento religioso, lo que, a su vez, plantea ciertos interrogantes: cuál es el lugar que ha de ocupar la religión en el espacio público?, cuál ha de ser la dinámica apropiada de sus relaciones con el poder civil? Por otro lado, y más allá de las circunstancias sociológicas concretas, la temática de la simbología religiosa personal y sus posibles incompatibilidades con normas estatales remite a una antigua cuestión jurídica, de carácter más general, hasta qué punto se ha de conceder a algunos ciudadanos exenciones al cumplimiento de leyes «neutrales» por razones de conciencia? Materia que ha suscitado una creciente polémica jurídica en los últimos años, y sobre la cual el Tribunal de Estrasburgo nunca ha adoptado una posición especialmente tuitiva de la libertad de conciencia. Es sabido que, en materia de simbología religiosa personal, un importante número de conflictos se ha dado en las instituciones de enseñanza, aunque no se haya limitado al ámbito educativo, sino que se ha extendido a otros espacios públicos, e incluso al entorno laboral. Es de alabar la opción sistemática de los autores de englobar aquí con mayor perspectiva el tratamiento de todos ellos, pese a haber dedicado sendos capítulos a los conflictos en el ámbito educativo y laboral. Ello ha permitido una exposición de conjunto, no fragmentada, de la problemática generada por el uso de símbolos e indumentarias de significación religiosa en cualquiera de dichos lugares. El resultado es un estudio completo y detallado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideramos tan útil como imprescindible para comprender los problemas que en esta materia se han producido en el Derecho comparado, especialmente en algunas jurisdicciones Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

9 nacionales como Turquía y Francia. Un último e interesante apartado se dedica a los conflictos planteados por la presencia de simbología religiosa desde la decoración navideña al crucifijo en lugares públicos ya sea la sede de un tribunal o parlamento, ya un colegio u hospital públicos. Bajo la gráfica expresión de objeciones «laicas» a símbolos religiosos institucionales, formuladas por personas a quienes resultan agresivos u ofensivos, se realiza un análisis valorativo de la jurisprudencia internacional y comparada sobre esta polémica cuestión. El capítulo 10 está dedicado a «Los conflictos de conciencia en el ámbito de las relaciones laborales». Puesto que los conflictos ocasionados por el uso de indumentaria de significación religiosa en el entorno laboral fueron analizados en el capítulo anterior, el estudio se centra preferentemente en los derivados de la negativa de algunas personas a trabajar en días declarados festivos o de descanso obligatorio por la propia religión. Se trata de supuestos que suelen tener su base en directas y casi exclusivas motivaciones religiosas, como el descanso sabático planteado por los fieles de determinadas confesiones o, con un perfil diverso, las situaciones planteadas por los musulmanes, en la medida en que la obligación del rezo colectivo en la tarde de los viernes o la observancia de ayuno en el Ramadán pueden dar lugar a ocasionales incompatibilidades laborales. Un sugerente recorrido que muestra las tendencias de la jurisprudencia y legislación en Estados Unidos y Canadá ante la negativa del sujeto a trabajar en sábado, los denominados sabbatarian cases, y otros supuestos relacionados, como la objeción de conciencia al pago de cuotas sindicales, precede a la exposición del tratamiento de dichas cuestiones en Europa. La sensibilidad de la jurisprudencia canadiense, y, en menor medida, la de Estados Unidos, en la tutela de la libertad de conciencia del trabajador contrasta con los planteamientos, bastante menos receptivos, de la jurisprudencia de las instituciones supranacionales europeas, de cuya actitud restrictiva ofrecen los autores numerosos ejemplos. En cuanto a la legislación y jurisprudencia de los países europeos, mientras el Derecho británico adopta una posición poco tuitiva de las objeciones de conciencia en el entorno laboral, otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el francés o el belga, han ido reconociendo gradualmente su operatividad. Dentro del panorama europeo, Italia es probablemente uno de los países que han ido dando pasos más firmes a favor del reconocimiento de las objeciones de conciencia en el marco de las relaciones laborales. Una protección decidida que contrasta con los planteamien- Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

10 256 tos del Derecho español, que parece haber confiado por entero a la discrecionalidad del empresario el respeto a la libertad de conciencia del trabajador. Bajo el título de «Objeción de conciencia y función pública», el capítulo 11 atiende, en primer lugar, a la objeción de conciencia al jurado. Dado que esta institución reviste perfiles distintos en la tradición jurídica angloamericana y en la continental europea, los autores analizan por separado las diversas posiciones adoptadas por la legislación y la jurisprudencia comparadas, con objeto de advertir la verdadera trascendencia del reconocimiento de este tipo de objeción. En el caso de España, dicha institución se reintrodujo en nuestro Derecho procesal para ciertos procesos penales en 1995, mediante una regulación que no menciona específicamente la objeción de conciencia entre las excusas legales al deber del jurado. Ausencia de una previsión legislativa ad hoc que deja en principio una vía abierta a incertidumbres en el ámbito jurisprudencial. Se dedica, a continuación, un apartado a la objeción de conciencia a los juramentos promisorios, modalidad que, en el marco europeo, es frecuente que las legislaciones hayan tratado de eliminar en su raíz, ofreciendo una alternativa al juramento, en forma de obligación de conciencia o de honor, en un intento de compatibilizar la obligación de jurar con las convicciones de la persona obligada. Es el caso del Derecho español, en que la cuestión de posibles objeciones al juramento parece bien resuelta a nivel legislativo. Cierra el capítulo el apartado dedicado a la objeción de conciencia de algunos funcionarios públicos llamados a intervenir en la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Se trata de un problema nuevo y aún incipiente dado el escaso número de países que, hasta ahora, han admitido esa modalidad matrimonial y el poco tiempo transcurrido desde su aprobación. Algunas referencias al Derecho comparado preceden a la exposición de los problemas planteados en España. Un análisis riguroso y sólidamente estructurado, en el que los autores tratan por separado la objeción de conciencia de los jueces y la de los alcaldes y concejales, en razón de que los primeros son servidores públicos adscritos a esa función, mientras los segundos no son funcionarios, sino cargos políticos, que ejercen dicha competencia cuando en el municipio no hay juez o por elección de los contrayentes. El estudio de las principales manifestaciones de la objeción de conciencia finaliza en el capítulo 12, dedicado a «Las objeciones de conciencia en los ordenamientos confesionales», claro exponente de que este motivo no se circunscribe al Foro, Nueva época, núm. 13/2011:

11 ámbito de los derechos estatales, sino que también los ordenamientos confesionales experimentan en su seno fenómenos de tensión entre experiencias pastorales y escrúpulos de conciencia. A este respecto, se ha prestado particular atención a dos cuestiones no exentas de polémica: el secreto ministerial como forma de objeción de conciencia y la objeción al sacerdocio de mujeres y homosexuales en la Iglesia anglicana. Unas certeras reflexiones sobre la actual agudización de los conflictos de conciencia contra ley «A modo de Epílogo» cierran el volumen. Del largo comentario que antecede se desprenden dos rasgos característicos de esta obra, presentes también en otros trabajos de los autores: por una parte, la abundancia y variedad de la jurisprudencia manejada y, en ocasiones, analizada en detalle, opción metodológica muy oportuna en materia tan elástica e imprevisible; y, en segundo lugar, el constante recurso al Derecho comparado, como vía idónea para mostrar cómo han abordado los conflictos entre la conciencia y la ley otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Un planteamiento enriquecedor, por lo que tiene de apertura de miras, en el que cabe elogiar la destreza de los autores para contextualizar con la necesaria prudencia el dato jurídico extranjero. En suma, el lector encontrará aquí un tratado extenso y sistemático sobre las objeciones de conciencia. Escrito con rigor, exhaustivamente documentado, el libro tiene la virtud poco común de haber logrado equilibrar claridad y profundidad, lo que le hace ser un útil instrumento para estudiantes y una obra de referencia para especialistas y otros operadores jurídicos. Paloma Lo r e n z o Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado. UCM. Foro, Nueva época, núm. 13/2011: